El Gobierno se ha propuesto ampliar la protección frente a los desahucios en la futura ley de vivienda, mediante el freno, en principio, a aquellos referidos a los procedimientos civiles, dejando fuera a los penales.

De esta forma, en el supuesto de que un inquilino vaya a ser expulsado, podría declarar su vulnerabilidad ante el juez. Ante eso, el tribunal debe pedir un informe a los servicios sociales, lo que suspende el proceso de desahucio un mes, si el propietario del inmueble es una persona, o tres meses si es una empresa. Superado ese periodo, el procedimiento continúa con normalidad.

Así, lo pactado hasta el momento ha sido ampliar los supuestos que permiten acogerse a esa medida, ya que ahora se limita esta posibilidad a inquilinos con un contrato de arrendamiento cuyo desalojo se pide por no pagar la renta o por incumplir dicho contrato. En adelante, la ley también recogerá los casos de cesiones en precario (que alguien haya dejado una casa a otra persona, por ejemplo) pero también a algunos casos de okupaciones u otras disputas sobre quién tiene legitimidad para el uso de la vivienda.

El demandado, por tanto, tendrá en los supuestos anteriores derecho a alegar vulnerabilidad y que se paralice el proceso hasta que haya un informe de los servicios sociales. 

Fonte | El País