El Gobierno central afronta una semana clave para cerrar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (PEV), que movilizará 7.000 millones de euros en ayudas y subvenciones al sector residencial. La ministra Isabel Rodríguez presentará el texto definitivo a las comunidades autónomas este jueves, con el objetivo de sellar un acuerdo antes de fin de año. El plan prevé que el Estado aporte el 60% de los fondos y las comunidades el 40%, con subvenciones de hasta 51.000 euros por vivienda protegida, además de apoyos a rehabilitación y ayudas al alquiler o compra en zonas rurales.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan el PEV por considerarlo una iniciativa “impuesta” sin su participación en el diseño. Critican especialmente la obligación de que la vivienda protegida conserve su estatus de por vida, algo que ya aplican Cataluña y País Vasco, pero no regiones como Madrid, donde la protección expira entre 15 y 30 años. Pese a las reticencias políticas, las patronales y promotoras celebran el plan, al que califican de “irrechazable” por las condiciones de financiación. Si las autonomías populares se negasen a firmar, los fondos quedarían en manos del Ministerio, lo que supondría un golpe a sus programas de vivienda y un riesgo de quedar en desventaja frente a las comunidades que sí se adhieran.