El Parlamento de Canarias aprobó la primera ley específica para regular el alquiler vacacional en el archipiélago, sustituyendo el decreto de 2015 que se consideraba insuficiente. La nueva normativa, denominada Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, pretende equilibrar el derecho de los propietarios a ejercer esta actividad con la protección del interés general. La consejera de Turismo, Jéssica de León, destacó que ahora se fijan criterios claros sobre los límites territoriales y el alcance de esta modalidad turística, hasta ahora sin restricciones cuantitativas ni cualitativas.

Uno de los puntos clave es que los propietarios actuales podrán continuar con su actividad, pero no se permitirán nuevas viviendas vacacionales durante cinco años, salvo que los ayuntamientos aprueben planes urbanísticos que las autoricen expresamente. Además, se establece que solo el 10% del parque de viviendas podrá destinarse a uso turístico y se prohíbe emplear VPO o crear edificios completos de uso vacacional, los llamados "pseudohoteles". Las nuevas construcciones tampoco podrán dedicarse al alquiler turístico hasta que hayan pasado diez años desde su edificación.

Canarias es una de las comunidades con mayor presencia de viviendas turísticas, con más de 50.000 unidades, y la mayoría están en manos de inversores extranjeros. La normativa entrará en vigor tras su publicación en el BOC y requerirá nuevos pasos para implementarse plenamente.