El Tribunal Constitucional resolvió parcialmente la impugnación presentada por más de cincuenta diputados del PP contra determinados artículos de la Ley de Vivienda (Ley 12/2023, de 24 de mayo), alegando cuestiones de competencias. La sentencia, redactada por la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, anula dos apartados de la disposición final de la ley, que establecían requisitos para admitir demandas de recuperación de la vivienda o para iniciar la subasta de inmuebles. Sin embargo, el tribunal avala la limitación de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado, ya que considera que existe un equilibrio razonable entre los medios empleados y la finalidad perseguida.

La sentencia también indica que la limitación del alquiler afecta el derecho de propiedad, pero no altera su esencia, ya que únicamente regula las expectativas de beneficio económico y no obliga a poner los inmuebles en el mercado de alquiler ni a establecer precios no rentables. El tribunal concluye que esta restricción no es desproporcionada, pues la renta máxima se fija con base en criterios objetivos de mercado y tiene carácter temporal. También rechaza la impugnación del artículo 31.1 y 2 de la ley, que establece la información mínima que debe proporcionarse en operaciones de compra o alquiler, argumentando que esta normativa busca garantizar la transparencia y proteger el derecho a la vivienda.

El Constitucional también declaró inconstitucionales y nulos varios artículos de la ley, incluido el referente al régimen de la vivienda protegida, la regulación de los parques públicos de vivienda y las obligaciones informativas de los grandes propietarios. El tribunal considera que estas disposiciones invaden competencias autonómicas al regular de manera demasiado detallada aspectos que corresponden a las comunidades autónomas. Además, hay otros recursos pendientes contra la Ley de Vivienda presentados por varias comunidades autónomas, que alegan invasión competencial en cuestiones como la regulación del mercado de alquiler y las modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fuente.- Idealista