La Generalitat de Cataluña ha invertido 72 millones de euros en la compra de 743 viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias, ubicadas en diversos municipios de la comunidad. Estas propiedades pasarán a formar parte del parque público de vivienda y se destinarán al alquiler social, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta adquisición se enmarca en la estrategia del gobierno catalán para ampliar la vivienda asequible mediante el derecho de tanteo y retracto, que le permite intervenir en operaciones inmobiliarias para evitar que estos inmuebles sean adquiridos por fondos de inversión y garantizar su uso social. Desde 2015, la Generalitat ha comprado más de 5.300 viviendas a través de este mecanismo, consolidándolo como una herramienta fundamental de su política de vivienda, a la que seguirá dando continuidad para paliar la escasez de vivienda accesible.

Fuente.- Idealista