La Xunta ha dado su visto bueno a la solicitud para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, en el marco de la Ley estatal de Vivienda. Esta declaración permitirá aplicar medidas como limitar los precios del alquiler, fijar topes para los grandes propietarios e introducir incentivos fiscales para quienes reduzcan las rentas. La decisión del Gobierno gallego, que actúa en cumplimiento de la ley aunque cuestiona su eficacia, abre la posibilidad de que A Coruña sea el primer municipio gallego en poner en marcha esta normativa, aún pendiente de aprobación definitiva por parte del Gobierno central.

Una vez entre en vigor, la declaración impondrá restricciones importantes en el mercado inmobiliario local. No se podrá subir el alquiler más allá del último precio pactado si se trata de una renovación, salvo en casos como rehabilitación del inmueble o contratos de larga duración, que permitirían un incremento máximo del 10%. Además, los inquilinos podrán solicitar una prórroga extraordinaria de los contratos de hasta tres años, que será obligatoria para el arrendador, sin posibilidad de cambiar las condiciones previamente acordadas. Los grandes tenedores, definidos como quienes poseen más de diez viviendas o más de 1.500 metros cuadrados, deberán declarar sus inmuebles en zonas tensionadas y no podrán superar los precios establecidos por el índice estatal de referencia.

Por otro lado, se estima que muchas de las ofertas actuales de alquiler en la ciudad superan los límites fijados por el índice estatal. La nueva normativa también contempla bonificaciones fiscales: los propietarios que rebajen el precio más de un 5% respecto al contrato anterior podrán beneficiarse de una reducción del 90% en la tributación de los rendimientos del alquiler, frente al 50% habitual. En caso de alquilar por primera vez a personas de entre 18 y 35 años, la deducción será del 70%. El Ayuntamiento deberá presentar en un plazo de dos meses un plan con medidas concretas y un calendario para abordar los problemas del mercado de la vivienda. Mientras tanto, la Xunta mantiene sus reservas sobre esta intervención, advirtiendo de que podría tener efectos contraproducentes.

Fuente.- La Opinión de A Coruña