• El delegado territorial de Lugo, Javier Arias, visitó en A Pastoriza algunos de los inmuebles acogidos la este programa, dos de ellos al amparo de la convocatoria que está actualmente abierta

 

La Xunta de Galicia aportó en los tres últimos años 950.600 euros a 11 ayuntamientos lucenses para la rehabilitación de 26 inmuebles de titularidad municipal, la mayoría antiguas casas de maestros, para destinarlos a alquiler social con las características de las viviendas de promoción pública.

 

El delegado territorial, Javier Arias, visitó hoy A Pastoriza para comprobar algunas de las obras realizadas en este período así como los inmuebles que se recuperarán próximamente. Al respeto, recordó que está abierta una nueva edición de estas ayudas, que son de concurrencia no competitiva y cuentan con un presupuesto de 630.000 euros para la anualidad 2022 y 1.470.000 euros para la anualidad 2023. El plazo de solicitudes finaliza el 1 de junio por el que los ayuntamientos interesados aún pueden optar a estas subvenciones.

 

En el marco de esta nueva convocatoria, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda viene de aprobar ya la concesión de 77.600 euros al ayuntamiento de A Pastoriza para rehabilitar dos viviendas en el lugar de la Grandela, en Reigosa. Además, en el año 2020 se sumaron cinco viviendas para alquiler en el municipio tras la reforma de las antiguas escuelas unitarias de Bretoña, Crecente y Álvare, con una inversión de la Xunta de 184.000 euros.

 

Además de las actuaciones en el ayuntamiento de A Pastoriza, hace falta recordar que en el marco de la convocatoria del año 2020 también se incorporaron a la oferta de alquiler dos casas en Trabada, y una en Baralla, Begonte Sober y Mondoñedo respectivamente. En lo tocante a la pasada convocatoria, para proyectos que aún pueden finalizar en este año, se otorgaron ayudas para cinco viviendas en Sarria, dos en Paradela y A Fonsagrada, y una en Alfoz, Mondoñedo, O Corgo y Sober.

 

Arias explicó que el objetivo de la Consellería es facilitar a los ayuntamientos a creación de un parque público municipal de vivienda en alquiler para rentas bajas. Estos incentivos están dirigidos a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y pueden conseguir hasta el 90% del presupuesto protegido de las obras, con un máximo general de 40.000 euros por vivienda rehabilitada, o de 48.000 euros, en caso de que estén situadas en el ámbito histórico o de los Caminos de Santiago. En el supuesto de que la edificación que se vaya a rehabilitar estuviera situada en un ámbito declarado área Rexurbe, las citadas cantidades se incrementarán en 2.000 euros por vivienda

 

El delegado subrayó que, de este modo, “se evitan costes que serían excesivamente gravosos para los ayuntamientos de menor tamaño”. El reto es doble, apuntó, “por una parte, facilitar una vivienda a las personas que la necesitan, y por otra, promover la recuperación de los pequeños núcleos en los que quedaron abandonados edificios como las escuelas unitarias y las casas de los maestros”.