El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, ha informado de la nueva línea de ayudas impulsada por la Xunta para fomentar la rehabilitación de viviendas destinadas a residencia habitual de personas trabajadoras, una iniciativa que busca contribuir a la recuperación de inmuebles vacíos y de edificios inacabados al tiempo que favorece la fijación de población y la captación de talento en el territorio.

Esta orden, promovida conjuntamente por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, está orientada a facilitar el acceso a la vivienda a las personas trabajadoras, especialmente en el rural, y a dar respuesta a las necesidades de mano de obra de las empresas gallegas.

La convocatoria cuenta con dos líneas de ayuda específicas. La primera de ellas está dirigida a las empresas con centros de trabajo en Galicia, así como a las personas físicas y jurídicas que tengan acuerdos con estas empresas para destinar los inmuebles rehabilitados al alojamiento de sus empleados. La segunda línea está destinada a los ayuntamientos que dispongan de viviendas y decidan ponerlas a disposición de las empresas de su entorno para facilitar el asentamiento de trabajadores.

En el caso de las viviendas unifamiliares, las ayudas podrán alcanzar los 50.000 euros por inmueble, cuantía que se elevará hasta los 75.000 euros cuando el solicitante sea un ayuntamiento. Para la rehabilitación o finalización de edificios inacabados, la subvención podrá llegar a los 30.000 euros por vivienda, con un límite máximo de 300.000 euros por inmueble.

Además, la convocatoria contempla un incentivo adicional de 1.000 euros para aquellas actuaciones situadas en áreas Rexurbe o de rehabilitación y renovación de cascos históricos, como es el caso de los municipios de Baiona y Tui en la provincia de Pontevedra.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen las obras de rehabilitación, terminación o ampliación de inmuebles, así como aquellas destinadas a mejorar la accesibilidad, la habitabilidad o la eficiencia energética de las viviendas.

Las ayudas están dirigidas a inmuebles situados en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y localizados a menos de 15 kilómetros de un centro de trabajo. Además, los beneficiarios deberán comprometerse a destinar estas viviendas a residencia habitual de personas trabajadoras durante un período mínimo de cinco años, mientras que los precios de los alquileres estarán limitados según las zonas establecidas en el programa Fogar Vivo.

En el caso de que la relación laboral con la persona ocupante de la vivienda finalice antes de cumplirse ese plazo de cinco años, los beneficiarios dispondrán de un máximo de seis meses para destinar el inmueble a otro trabajador. En este proceso, tendrán prioridad las personas participantes en los programas Retorna Cualifica Emprego y Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME).

El delegado territorial destacó que esta medida “permite actuar de manera simultánea sobre dos de los grandes retos del territorio: facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la captación y permanencia de trabajadores en los ayuntamientos del rural”, al tiempo que contribuye a la recuperación del parque residencial existente y a la dinamización económica y social de los municipios gallegos.

Fuente.- Xunta de Galicia