La Comunidad de Madrid prepara un endurecimiento de las condiciones para acceder a la vivienda protegida, según anunció su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en un acto público. El nuevo reglamento, todavía en fase de tramitación y que pasará por un periodo de exposición y alegaciones antes de su aprobación definitiva prevista para julio, establecerá que los solicitantes deberán acreditar un mínimo de diez años de empadronamiento en la capital. Además, quedarán excluidas durante cinco años aquellas personas con condenas firmes por delitos vinculados a la ocupación ilegal de inmuebles, como el allanamiento de morada o la usurpación.

El Gobierno regional justifica estas medidas como parte de una estrategia para actualizar la normativa vigente, reforzar la defensa de la legalidad y mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de vivienda, a pesar de reconocer las limitaciones competenciales existentes. Según explicó Díaz Ayuso, el objetivo es priorizar el acceso a los recursos públicos de las personas con una vinculación estable y continuada con la región. La presidenta también destacó el papel de Madrid como referente estatal en la construcción de vivienda protegida, subrayando el avance del Plan VIVE de alquiler asequible, que suma alrededor de 14.000 viviendas en distintas fases, con miles ya entregadas, otras a punto de finalizarse y nuevas promociones en proceso de licitación, incluidas las dirigidas a la población joven.

Fuente.- El Economista