Nueva York propone restringir la adquisición de viviendas por parte de los grandes fondos de inversión | Observatorio de Vivenda

Nueva York propone restringir la adquisición de viviendas por parte de los grandes fondos de inversión

Nueva York propone restringir la adquisición de viviendas por parte de los grandes fondos de inversión

Nueva York, con una urgencia de 500.000 hogares adicionales para el año 2032, está poniendo en marcha nuevas medidas para abordar la crisis habitacional. La gobernadora Kathy Hochul ha propuesto una ley para limitar el impacto de los grandes fondos de inversión en el mercado residencial. Entre las medidas destacadas, se busca impedir que estos fondos posean más del 10% de las propiedades en una misma zona y dar prioridad a los particulares en la compra de viviendas durante los 75 días posteriores a su salida al mercado. También se propone reducir los beneficios fiscales para los llamados “caseros corporativos” y crear un registro público de los grandes propietarios.

Los fondos de inversión ya controlan el 15% del parque residencial de Nueva York, una cifra que en distritos como Brooklyn, Queens o el Bronx supera el 25%, situándose muy por encima del promedio nacional del 2%. Este dominio está provocando un encarecimiento de la vivienda: los precios de venta aumentaron un 7% el último mes, mientras que el número de propiedades disponibles cayó un 2%. Además, el precio medio del alquiler ha subido un 30% desde 2018, dificultando aún más el acceso a viviendas a precios asequibles.

Las medidas propuestas por Hochul llegan en un momento políticamente delicado, con un apoyo parcial del Partido Demócrata y una fuerte oposición de la industria, que considera que las restricciones desincentivan la inversión. A pesar de esto, Nueva York podría marcar un precedente a nivel nacional gracias a la mayoría legislativa con la que cuenta la gobernadora. Además, en el futuro podrían introducirse límites temporales a la posesión de propiedades por parte de los fondos, obligándolos a venderlas en un plazo máximo de diez años, reforzando así la estrategia de regulación.

Fuente.- Idealista