La Ley de Vivienda, que entró en vigor hace un año y medio, ya ha comenzado a aplicarse en Cataluña, donde se han declarado 271 municipios como zonas de mercado residencial tensionado. En esta comunidad autónoma, esta medida permite limitar el aumento de los precios del alquiler. Recientemente, el País Vasco y Navarra han anunciado que iniciarán los trámites para declarar como zonas tensionadas sus capitales de provincia y otros municipios con situaciones similares. En Cataluña, estas declaraciones ya se han traducido en un ligero descenso de los precios en determinadas localidades, aunque también han reducido el número de contratos de alquiler formalizados.

En Barcelona, los precios del alquiler han subido un 0,7% interanual, pero han disminuido un 5,2% en el segundo trimestre de 2024. Sin embargo, la oferta de viviendas en alquiler permanente en la ciudad ha caído un 38% en el último año, mientras que el alquiler temporal ha crecido un 33% y el de habitaciones, un 11%. Este panorama agrava la competencia por el acceso a una vivienda, especialmente en Barcelona, donde hasta 59 familias compiten por cada anuncio de alquiler. Esta tendencia se repite en otras grandes ciudades españolas, aunque con menos intensidad.

En el País Vasco, localidades como Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz presentan precios máximos en el alquiler, con subidas interanuales del 6,5%. La oferta de alquiler permanente en estas ciudades también se ha reducido, mientras que el alquiler temporal ha experimentado un incremento considerable, llegando a representar hasta el 38% del mercado en San Sebastián. En Navarra, el gobierno regional ya ha anunciado su intención de declarar zonas tensionadas en 21 municipios, incluyendo Pamplona, donde la demanda de alquiler habitual ha aumentado un 71% en el último año, con una reducción significativa de la oferta de viviendas disponibles.

Estas declaraciones, previstas en la Ley de Vivienda, buscan equilibrar la oferta y la demanda en zonas con precios desorbitados. En las zonas tensionadas, los contratos de alquiler existentes tendrán límites en el aumento de las rentas, mientras que los nuevos contratos estarán regulados por índices de precios de referencia, especialmente en el caso de los grandes propietarios. Además, se introducen incentivos fiscales para fomentar el alquiler y la rehabilitación en estas áreas, intentando mitigar los efectos de la escasez de viviendas y la alta demanda en el mercado de alquiler.

Fuente.- Idealista