El Gobierno de Portugal ha aprobado una reforma de la ley de arrendamientos con el objetivo de incentivar la oferta de viviendas en alquiler y afrontar la crisis residencial. Entre las principales medidas destaca la eliminación del límite del 2 % para la actualización de los precios en los nuevos contratos, manteniéndose sin cambios el régimen aplicable a los contratos ya vigentes. El Ejecutivo considera que esta modificación refuerza la libertad contractual entre propietarios e inquilinos y elimina restricciones que podían desincentivar la incorporación de viviendas al mercado del alquiler.

La reforma también endurece el régimen de impagos al reducir de tres a dos meses el plazo para iniciar un procedimiento de desahucio y permitir su apertura en casos de retrasos reiterados en el pago. Además, se simplifican los trámites judiciales para acelerar el desalojo y el cobro de las rentas pendientes, al tiempo que se refuerza la garantía pública de pago a los propietarios. Como medida de protección social, se crea un Fondo de Emergencia para la Vivienda que podrá conceder ayudas de entre 537,13 y 2.300 euros mensuales durante un máximo de seis meses a las personas y familias que pierdan su vivienda, con un plazo máximo de resolución de 10 días laborables.

Fuente.- Idealista