El jefe del Estado portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ha ratificado una nueva normativa que endurece las sanciones contra la ocupación ilegal de inmuebles, después de que el Parlamento la aprobara un mes antes. La ley contempla penas de prisión de hasta dos años o multas de hasta 240 días para quienes entren en una vivienda sin tener derecho a ella con el fin de usarla o reclamar su posesión. Además, se concede a las autoridades una mayor capacidad de actuación para agilizar la devolución de las propiedades afectadas, siempre que exista una denuncia y se pueda demostrar de forma clara la titularidad del inmueble.

La normativa recibió el apoyo de PSD, PS, Iniciativa Liberal, CDS y JPP, mientras que PAN se abstuvo y varios partidos de izquierda y Chega votaron en contra. Las sanciones aumentarán cuando se recurra a la violencia, pudiendo alcanzar los tres años de prisión, y hasta cuatro si existe intención lucrativa. También se castigará el intento de ocupación. En el caso de viviendas públicas, antes de ordenar el desalojo será obligatorio realizar un análisis social para valorar la situación de las personas implicadas y ofrecer alternativas a quienes se encuentren en situación vulnerable.

Fuente.- Idealista