El Congreso de Estados Unidos analiza una amplia reforma de la política federal de vivienda a través de la propuesta legislativa denominada ROAD to Housing Act. La iniciativa, impulsada con apoyo de representantes de ambos partidos, reúne alrededor de 40 disposiciones orientadas a aumentar la oferta residencial, reducir costes y modernizar los programas públicos vinculados al acceso a la vivienda. El proyecto surge en un contexto de fuerte tensión entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario estadounidense, con precios elevados tanto en compra como en alquiler en numerosas áreas metropolitanas. Entre las medidas previstas se incluye un programa dotado con 200 millones de dólares anuales hasta 2031 para facilitar nuevos desarrollos inmobiliarios y reducir plazos administrativos, así como la ampliación del programa HOME Investment Partnerships, con un presupuesto de 1.350 millones de dólares para adquirir edificios de oficinas, industriales o abandonados y transformarlos en vivienda asequible.

La propuesta también contempla incentivos para que los gobiernos locales flexibilicen restricciones urbanísticas y aumenten la densidad residencial en las ciudades. En el ámbito de la rehabilitación, se prevé asignar hasta 30 millones de dólares anuales a la Oficina de Control de Riesgos de Plomo y Hogares Saludables para mejorar viviendas que posteriormente se incorporen al mercado con precios regulados. Además, los estados podrían recibir subvenciones de entre 250.000 y 10 millones de dólares en función de las actuaciones realizadas en materia de vivienda, recursos que podrían destinarse a transporte o infraestructuras asociadas a los nuevos desarrollos. La iniciativa incluye también medidas para impulsar la construcción modular y prefabricada, mejorar el acceso al crédito hipotecario y facilitar la compra de la primera vivienda. Entre los puntos más controvertidos figura la propuesta de limitar la adquisición de viviendas unifamiliares por empresas con más de 350 propiedades y obligar a los grandes inversores a vender estas viviendas destinadas al alquiler en un plazo máximo de siete años, una medida que ha generado críticas en el sector promotor al considerar que podría dificultar la financiación de nuevos proyectos residenciales.

Fuente.- Idealista