La Comisión Europea ha presentado el proyecto de Plan de Vivienda Asequible, que permitiría a las administraciones locales y regionales establecer restricciones a los alquileres turísticos y de corta duración, así como a la adquisición o utilización de viviendas no habituales, cuando exista una elevada presión sobre el mercado residencial. Para declarar una zona bajo presión habitacional deberán cumplirse simultáneamente tres condiciones: que la relación entre el precio de la vivienda y los salarios sea igual o superior a ocho, que este indicador haya aumentado durante los diez años anteriores y que la evolución de la población supere ampliamente la oferta residencial. Las medidas deberán limitarse al territorio afectado y quedarían excluidos los alquileres de la residencia habitual del propietario y los límites a los precios del alquiler.

El reglamento establece que las restricciones deberán acompañarse de políticas destinadas a incrementar la oferta, especialmente de vivienda social y asequible, al considerar que las limitaciones por sí solas no solucionan el déficit estructural de vivienda. La compra de segundas residencias podrá restringirse únicamente cuando no existan alternativas menos limitativas y las medidas deberán revisarse al menos cada cinco años. La propuesta cuenta con el respaldo de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que destaca la prioridad del uso residencial frente a los pisos turísticos, mientras que Airbnb cuestiona su eficacia para aumentar el alquiler de larga duración y señala que los alojamientos de corta estancia representan el 1,2% del parque inmobiliario europeo. Por su parte, Asval defiende que la solución pasa por incrementar la oferta con seguridad jurídica y colaboración público-privada.