El Gobierno aprobó dos reales decretos como primera respuesta a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo, con un paquete global de medidas valorado en torno a 5.000 millones de euros, centrado principalmente en rebajas fiscales en el ámbito energético. En el ámbito de la vivienda, la normativa introduce mecanismos específicos para el mercado del alquiler, con el objetivo de contener el impacto de la inflación y de la tensión en los precios. Entre las principales medidas destacan la limitación de las actualizaciones anuales de las rentas al 2% y la posibilidad de prorrogar contratos próximos a su vencimiento, en un contexto en el que el coste de la vivienda y de los suministros supera ya el 30% de los ingresos en muchos hogares.

La norma establece que los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027 podrán ampliarse hasta dos años adicionales manteniendo las condiciones vigentes, salvo excepciones legales. Además, fija un límite extraordinario del 2% a las revisiones anuales de las rentas hasta esa misma fecha, especialmente estricto en el caso de grandes propietarios con más de 10 inmuebles. Estas medidas buscan evitar incrementos significativos asociados al IPC, que en otros escenarios llegó a situarse cerca del 10%, y responden también a la falta de aplicación de zonas tensionadas en distintas comunidades autónomas, lo que impide activar otros mecanismos de control previstos en la legislación vigente.

Fuente.- El Pais