El Gobierno suizo plantea un endurecimiento de las condiciones para la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente aquellos procedentes de países fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio. La propuesta establece la obligatoriedad de obtener una autorización administrativa previa para adquirir inmuebles. Además, introduce la exigencia de revender la propiedad en un plazo de dos años en caso de cambio de residencia, con el objetivo de reducir la presión sobre el mercado inmobiliario nacional.

Las medidas también incluyen restricciones adicionales a la compra de locales comerciales y viviendas de uso vacacional, así como limitaciones a la participación en sociedades inmobiliarias cotizadas. En el ámbito comercial, los extranjeros no podrán adquirir establecimientos sin explotarlos directamente ni destinarlos posteriormente al alquiler. Estas disposiciones responden a la creciente tensión en el acceso a la vivienda en un contexto en el que la población supera los 9 millones de habitantes, impulsada en parte por la inmigración, lo que incrementa la demanda residencial.

Fuente.- El Economista