Cataluña se convertirá en la primera comunidad en establecer límites a la compra especulativa de viviendas en zonas declaradas tensionadas, con el objetivo de aliviar la presión del mercado y mejorar el acceso a la vivienda. El acuerdo entre el ejecutivo presidido por Salvador Illa y Comuns para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026 contempla prohibir a los grandes propietarios, definidos como aquellos con cinco o más inmuebles en áreas de alta demanda, la adquisición de viviendas que no tengan como destino su domicilio habitual. Estos solo podrán comprar edificios completos si destinan los pisos al alquiler respetando los topes de renta vigentes y los contratos en vigor. Las zonas tensionadas abarcan 271 municipios en los que reside el 90% de la población catalana. Los pequeños propietarios podrán adquirir inmuebles siempre que los destinen a residencia habitual, a alquiler dentro de los límites establecidos o a una única segunda residencia situada en un municipio distinto al de su vivienda principal. Las herencias quedan excluidas, aunque las viviendas adicionales deberán incorporarse al mercado del alquiler o cederse a familiares.

La medida se articulará mediante una modificación de la Ley de Urbanismo, tras informes jurídicos que avalan su constitucionalidad si se aplica de forma temporal y acotada a las zonas tensionadas. El pacto incluye también un incremento de las partidas destinadas a vivienda, que pasan de 750 a 1.200 millones de euros. De esa cuantía, 100 millones se destinarán a ayudas al alquiler para hogares con rentas inferiores a 36.000 euros, 300 millones a la compra de vivienda y 600 millones a créditos del Institut Català de Finances. Además, se prevé una dotación de 100 millones para becas comedor. La iniciativa se suma a otras actuaciones ya impulsadas por el Govern, como los límites a los precios del alquiler, el derecho de tanteo y retracto sobre inmuebles de grandes propietarios o las restricciones a los contratos de temporada, medidas que han generado críticas en el ámbito empresarial por la intensidad regulatoria.

Fonte.- El Pais