El pasado sábado 24 de enero entró en vigor la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, con una apuesta clara por incrementar la oferta de vivienda protegida y a precios asequibles. La norma se centra en facilitar la construcción y rehabilitación de inmuebles, garantizar la disponibilidad de suelo y reducir las trabas administrativas en los proyectos residenciales, al tiempo que refuerza la seguridad jurídica de los propietarios frente a problemas crecientes como la ocupación ilegal. Desde la Junta de Andalucía se subraya que esta ley es fruto del diálogo y que sirve para consolidar la estrategia iniciada en 2019, que permitió multiplicar por cuatro el número de viviendas protegidas y situar a Andalucía como una de las comunidades con mayor actividad edificatoria, tanto en vivienda libre como protegida.

Entre las principales medidas destaca la creación de áreas prioritarias, territorios con especiales dificultades de acceso a la vivienda donde se concentrarán ayudas al alquiler, a la compra e incentivos a la promoción y rehabilitación. La ley impulsa también la colaboración público-privada mediante nuevas fórmulas y órganos de coordinación, con el objetivo de ampliar el parque residencial asequible y equilibrar los usos entre venta y alquiler, priorizando siempre la residencia habitual. Además, se mejora la gestión de las viviendas públicas con un inventario único, se refuerza la rehabilitación con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética y se establecen mecanismos de coordinación para evitar el uso indebido de las viviendas y proteger a las personas más vulnerables, al tiempo que se simplifica el marco normativo vigente mediante la derogación de varias leyes anteriores.

Fuente.- La Razón