España dispone de suelo urbanizable vacante con capacidad para levantar cerca de 6,7 millones de viviendas, según estimaciones del Ministerio de Vivienda basadas en el planeamiento vigente y el análisis por satélite. Gran parte de estos terrenos procede de la expansión urbanística impulsada tras la Ley del Suelo de 1998 y quedó bloqueada tras el estallido de la burbuja de 2008. Aunque persiste un déficit estimado de unas 700.000 viviendas, la producción anual ronda solo las 100.000, lo que revela una paradoja entre la escasez de oferta y la abundancia de suelo disponible.

El economista Ignacio Ezquiaga señala que muchos de estos suelos están en manos de ayuntamientos, Sareb y fondos oportunistas, y que buena parte se localiza en grandes áreas metropolitanas donde la demanda es elevada. La falta de inversión en urbanización, la ausencia de demanda solvente y la retención especulativa explican el bloqueo. Experiencias como la expropiación de solares abandonados en Cartagena muestran vías para reactivar el mercado, mientras el experto subraya que las administraciones locales, principales propietarias de suelo, son clave tanto en el origen como en la solución del problema.