El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, mantuvo un encuentro con el tejido empresarial y con entidades de la comarca de Verín interesadas en la nueva convocatoria de impulso a la rehabilitación de viviendas destinadas a personas trabajadoras, con motivo de informar sobre sus requisitos y de animar a solicitar las ayudas hasta el próximo 15 de julio, cuando finaliza el plazo. Allí, señaló que esta comarca es una de las más propicias para el desarrollo de la nueva orden por tener un alto porcentaje de viviendas vacías, por lo que es necesario —dijo— tomar medidas para hacer frente a este desequilibrio.

En esa línea, el conselleiro señaló que esta iniciativa conjunta de las consellerías de Empleo, Comercio y Emigración y de Vivienda y Planificación de Infraestructuras persigue, por un lado, atraer talento para garantizar la cobertura de vacantes laborales y, por otro, dar una nueva vida a inmuebles inhabitados, sin terminar o deteriorados con el objetivo de fijar población en el rural gallego.

Hasta el 95 % de la rehabilitación subvencionada

Según recordó el conselleiro, la orden consta de dos líneas: la primera orientada a empresas y a personas físicas o jurídicas, y la segunda dirigida a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, con ayudas máximas previstas de hasta el 95 % del presupuesto de la rehabilitación. En el caso de que se rehabilite una vivienda unifamiliar, la cantidad máxima será de 50.000 euros por vivienda en el caso de que soliciten la ayuda empresas o personas físicas, y de 75.000 euros en el caso de ayuntamientos. En cuanto a los edificios residenciales colectivos inacabados o en situación de estructura, la cuantía no podrá superar los 30.000 euros por cada una de las viviendas que formen parte del inmueble, ni la cantidad conjunta para todo el inmueble de 300.000 euros.

En el marco de las dos líneas de ayudas existentes, la orden contempla así dos modalidades. La primera, que sean las empresas con centros de trabajo en Galicia las que sean propietarias, usufructuarias o cesionarias del uso de las viviendas por un plazo mínimo de 10 años y decidan rehabilitarlas para destinarlas a la residencia habitual de sus personas trabajadoras, contribuyendo así a la cobertura de sus propias vacantes. La segunda, que esas empresas lleguen a un acuerdo con una o varias personas propietarias de viviendas de la zona, o incluso con ayuntamientos, para que sean ellos quienes se encarguen de rehabilitar los inmuebles en beneficio final de los trabajadores de esas empresas.

Fijación de población

De este modo, González hizo hincapié en que las viviendas deben destinarse a personas trabajadoras, en régimen de alquiler o cesión de uso. No podrán estar situadas a una distancia superior a 15 kilómetros del centro de trabajo donde esté contratada la persona destinataria final, siempre en un municipio con menos de 20.000 habitantes.

Al analizar las solicitudes, se priorizarán los municipios de menos de 5.000 habitantes —condición que cumplen casi todos los de la comarca de Verín— y se tendrá en cuenta tanto la distancia entre la vivienda y el trabajo como la distancia hasta una parada de transporte público o una vía de alta capacidad. Se dará prioridad a las personas beneficiarias finales que trabajen en sectores estratégicos —como el agroalimentario, el forestal o el de los cuidados de personas— y se valorará también la sostenibilidad de las rehabilitaciones.

Diálogo Social

El conselleiro aludió a estas nuevas ayudas como una orden sin precedentes, que permite avanzar en la cobertura de vacantes a la vez que dota a las personas trabajadoras —tanto a la fuerza laboral interna como a la externa necesaria— del acceso a la vivienda imprescindible para que puedan aceptar un empleo y establecerse con todas las garantías. De la misma manera, destacó que se está ante una nueva etapa inédita en el ámbito del Diálogo Social en Galicia, tras institucionalizar esta herramienta de consenso entre Xunta, patronal y sindicatos.

En ese sentido, puso de relieve las comparecencias técnicas que se están produciendo en el grupo de trabajo de mejora del bienestar laboral y reducción del impacto del absentismo, con el objetivo de acordar nuevas medidas en este ámbito e incorporarlas al futuro plan integral sobre esta cuestión. Estas actuaciones se sumarían a las ya adoptadas desde el ámbito sanitario gallego —al margen de las competencias del Gobierno central— para mejorar la gestión y control de las bajas, incorporando cuestiones relacionadas con el bienestar laboral en las empresas, la prevención de riesgos laborales y la reducción de la siniestralidad con el fin de disminuir las bajas evitables, garantizando en todo momento los derechos de las personas trabajadoras.

Fuente.- Xunta de Galicia