El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Consello aprobó lanzar por primera vez "una línea de ayudas para rehabilitar viviendas en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que vayan destinadas a trabajadores en centros del entorno". "Queremos facilitar que vivan en el rural las personas que trabajen allí", indicó.

Esta convocatoria bianual (2026-2027), conjunta de las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y dotada de 1,5 millones de euros, busca dar respuesta tanto a las necesidades de mano de obra del tejido productivo -priorizando sectores estratégicos- como a las de acceso a la vivienda de las personas trabajadoras, al tiempo que se avanza en la fijación de población y en la vertebración del territorio gallego.

Podrán beneficiarse de las ayudas los propietarios, usufructuarios o cesionarios del uso de esas viviendas por un plazo mínimo de 10 años, ya sean las propias empresas que contratan o personas físicas y ayuntamientos que se comprometan con ellas a destinar los inmuebles que rehabiliten a sus trabajadores.

Para garantizar la cobertura de las vacantes laborales echando mano -cuándo sea necesario- de la atracción del talento exterior, Rueda explicó que a la hora de valorar las solicitudes "tendrán prioridad?" viviendas que sean para personas contratadas al amparo del programa Retorna Cualifica Emprego o que "tengan una beca BEME para estudiar un máster en la comunidad".

Requisitos y valoración

La orden -qué se publicará en el Diario Oficial de Galicia en la primera quincena de mayo- recoge dos líneas. Por una parte, la destinada tanto a las empresas como a las personas físicas que se comprometan a destinar las viviendas que rehabiliten a sus personas trabajadoras, dotada con 750.000 euros. Por otra, la dirigida a los ayuntamientos que también suscriban con las empresas el oportuno instrumento jurídico, con otros 750.000 euros. De la cuantía total de 1,5 M€, 600.000 euros corresponden a la presente anualidad y los restantes 900.000 euros, a la de 2027.

Las ayudas podrán destinarse tanto a la rehabilitación de viviendas unifamiliares como de edificios residenciales colectivos inacabados o que se encuentren en situación de esqueleto inmobiliario, en este último caso hasta un máximo de 10 ayudas. Se incluye como subvencionable la terminación y/o ampliación de los inmuebles y las obras de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad o eficiencia energética, y mismo actuaciones preparatorias como informes técnicos o gastos de tramitación. A mayores de la ayuda para la rehabilitación, los interesados podrán solicitar la contratación del seguro de impago del alquiler o cesión de uso. "Las ayudas oscilarán entre los 30.000 y los 75.000 € como máximo", indicó.

A la hora de puntuar las solicitudes, y más allá de la mencionada valoración de las personas beneficiarias del Retorna cualifica emprego y de las BEME como destinatarias finales,  se tendrán en cuenta otras cuestiones como que las viviendas sean para personas trabajadoras "de sectores estratégicos para Galicia", concretamente el de la automoción, naval, metalmecánico, textil-moda, TIC e industrias culturales, así como las actividades agroalimentarias, pesqueras, forestales o de cuidados de mayores, por su contribución al desarrollo económico, la cohesión territorial y la fijación de población. A mayores, se evaluará la distancia entre los inmuebles y los centros de trabajo correspondientes -no podrán acogerse la ayuda los ubicados la más de 15 km-, el tamaño poblacional del municipio y su evolución demográfica en los últimos diez años así como que la vivienda se sitúe en un área Rexurbe o las condiciones de sostenibilidad de la rehabilitación, mejorando la eficiencia energética o empleando materiales de bajo impacto ambiental y técnicas de construcción sostenible.

Compromiso con la empleabilidad y con el acceso a la vivienda

La nueva orden conjunta de las consellerías de Emprego y Vivenda se alinea con los principales retos de ambos departamentos. En el primer caso, permite avanzar en la cobertura de vacantes por parte del tejido productivo, proporcionándoles a las personas trabajadoras el acceso a la vivienda imprescindible para que puedan aceptar un empleo y establecerse con todas las garantías, tanto a la fuerza laboral interna como a la exterior necesaria para seguir avanzando en el encaje de oferta y demanda que redunde en el desarrollo económico. 

Fuente.- Xunta de Galicia