El conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González, mantuvo en O Riós un nuevo encuentro con empresariado y representantes de distintas entidades interesadas en la nueva convocatoria de impulso a la rehabilitación de viviendas destinadas a personas trabajadoras, con plazo de solicitud abierto hasta lo próximo 15 de julio. Allí, se refirió a la comarca de Verín como una de las más propicias para el desarrollo del nuevo orden por tener un alto porcentaje de viviendas vacías, añadiendo que las bases dan prioridad las rehabilitaciones en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, cuestión que cumplen casi todos los de esta comarca.

En la reunión, el conselleiro señaló que la iniciativa conjunta de las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Vivienda y Planificación de Infraestructuras persigue, por una parte, atraer talento para garantizar la cobertura de vacantes y, por otra, dar una nueva vida a inmuebles inhabitados, sin finalizar o deteriorados con el objetivo de fijar población en el rural gallego, poniendo el foco en las localidades de menos de 20.000 habitantes.

En esa línea, el orden consta de dos líneas: la primera dirigida a empresas y a personas físicas o jurídicas, y la segunda destinada a ayuntamientos, con ayudas máximas previstas de hasta el 95% del presupuesto de la rehabilitación. En caso de que se rehabilite una vivienda unifamiliar, la cantidad máxima será de 50.000 € en caso de que soliciten la ayuda empresas o personas físicas, y de 75.000 € en el caso de ayuntamientos. En cuanto a los edificios residenciales colectivos inacabados o que se encuentren en situación de esqueleto inmobiliario, la cuantía no podrá superar los 30.000 € por cada una de las viviendas que formen el inmueble, ni la cantidad conjunta para todo el inmueble de los 300.000 €.

En el marco de las dos líneas de ayudas existentes, el orden contempla así dos variables. La primera, que sean las empresas con centros de trabajo en Galicia las que sean propietarias, usufructuarias o cesionarias del uso de las viviendas por un plazo mínimo de 10 años y decidan rehabilitarlas para destinarlas a la residencia habitual de sus personas trabajadoras, contribuyendo así a la cobertura de sus propias vacantes. La segunda, que esas empresas lleguen a acuerdo con una o varias personas propietarias de viviendas de la zona, o mismo con ayuntamientos, para que sean ellos quienes se encarguen de rehabilitar los inmuebles en beneficio último de los trabajadores de esas empresas.

De este modo, González destacó que las viviendas deben destinarse a personas trabajadoras, en régimen de alquiler o de cesión de uso. No podrán estar situadas a una distancia superior la 15 kilómetros del centro de trabajo donde esté contratada la persona destinataria final, siempre en un ayuntamiento con menos de 20.000 habitantes.

Valoración de las solicitudes

Al analizar las solicitudes, segundo explicó el conselleiro, se tendrá en cuenta tanto la distancia entre la vivienda y el trabajo como la distancia hasta una parada de transporte público o una vía de alta capacidad. Se dará prioridad a las personas beneficiarias finales que trabajen en sectores estratégicos "cómo puede ser el agraolimentario, lo forestal o el de los cuidados de personas" y se valorará también la sostenibilidad de las rehabilitaciones.

El conselleiro concluyó aludiendo a las nuevas ayudas como un orden sin precedentes, que permite avanzar en la cobertura de vacantes laborales por parte del tejido productivo proporcionándoles a las personas trabajadoras el acceso a la vivienda imprescindible para que puedan aceptar un empleo y establecerse con todas las garantías. Tanto a la fuerza laboral interna, dijo, como a la exterior necesaria para seguir avanzando en el encaje de oferta y demanda que redunde en el desarrollo económico.

Fuente.- Xunta de Galicia