El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy que la Xunta de Galicia recibió ofertas para convertir 26 locales en vivienda en el marco del programa piloto impulsado por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), para la adquisición de locales sin uso en la ciudad de Ourense con el objetivo de transformarlos en viviendas de promoción pública destinadas al alquiler accesible.

Según trasladó Rueda, el informe presentado hoy en el Consello da Xunta informa de que, tras el cierre del plazo de presentación de solicitudes, las propuestas registradas incluyen un total de 26 locales -de los que tres cuentan también con plaza de garaje-. Además, tal y como señaló la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, con superficie suficiente para posibilitar la creación de un máximo estimado de 32 viviendas públicas con calificación permanente.

El presidente señaló que el Gobierno gallego moviliza hasta 2 M€ para la compra de bajos y entreplantas de inmuebles de uso residencial sin uso en la ciudad.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno gallego para incrementar la oferta de vivienda pública y facilitar el acceso a precio accesible, especialmente en ciudades en las que el IGVS no dispone actualmente de suelo residencial para nuevas promociones públicas, como es el ejemplo de Ourense.

En este sentido, Martínez Allegue recordó que “el acceso a la vivienda es una preocupación para la Xunta” y que el Gobierno gallego ya está impulsando en la ciudad de Ourense la construcción de 64 viviendas de promoción pública en la zona de Cambedo da Raia, tras la adquisición en 2022 de tres parcelas a la SAREB, con una inversión de 13,6 M€.

El titular del Ejecutivo autonómico indicó que, “ante la ausencia de suelo residencial disponible” para nuevas actuaciones y tras constatar que el Concello de Ourense no dispone de parcelas urbanas consolidadas para ceder a la Xunta de Galicia, se optó por impulsar esta fórmula pionera de adquisición de locales destinados a un uso terciario para los cuales no existe demanda de arrendamiento o están infrautilizados, pero que, mediante un cambio de uso y dada su localización, pueden ser acondicionados para vivienda de promoción pública destinada a alquiler.

Tal y como destacó Rueda, esta medida del Gobierno gallego permitirá así, además de ampliar el parque público autonómico, contribuir a la “revitalización de los barrios” de áreas urbanas que perdieron actividad comercial y favorecer la regeneración social, económica y urbana de la ciudad.

Próximos pasos

El IGVS iniciará el proceso de realización de una tasación de los locales que seleccione entre los que le sean propuestos y hará una oferta económica por la cuantía que resulte más baja entre la oferta del propietario, el valor de tasación o el valor resultante de aplicar los precios indicados en los párrafos siguientes.

El precio del local será el resultado de multiplicar su superficie construida por 650 € o el valor que figure en el informe de tasación que encargará el IGVS, en el caso de que sea inferior. En el supuesto de que el local disponga de un trastero, la superficie máxima que se computará será de 8 m2, sin que se tenga en cuenta, a tales efectos, el exceso de superficie sobre la indicada. Los que disponen de plaza de garaje su valor máximo no podrá superar los 15.000 euros.

En el caso de los locales que finalmente adquiera, el IGVS pagará, además del precio de estos, los gastos derivados de los honorarios de los profesionales que intervengan en la elaboración de la documentación técnica y/o en la realización de los trámites administrativos necesarios para participar en esta oferta pública, hasta un máximo de 1.500 €.

El objetivo de la Xunta de Galicia es tener la resolución definitiva del procedimiento antes de finalizar el año, e incluirá la lista priorizada de las propuestas admitidas, el valor de adquisición de los locales y, en su caso, las ofertas contradictorias que puedan formularse cuando la tasación resulte inferior al precio solicitado por las personas propietarias.

Fuente.- Xunta de Galicia